Presionado por los públicos llamados de miembros del Gobierno, más que por respeto al Ministerio Público, el comandante del Ejército, general Edwin Donayre, no tendrá otra salida más que acudir al llamado de la fiscal anticorrupción Marlene Berrú –que lo investiga por supuestas irregularidades en la asignación de combustible– y dejar de “ningunear” la denuncia en su contra.A los pedidos que, en distintos tonos, le formularon el lunes el primer ministro, Yehude Simon, y el titular de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, se sumaron ayer muchos más, como los de la ministra de Justicia, Rosario Fernández; de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino; de la legisladora aprista Mercedes Cabanillas; del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Edmundo Peláez Bardales, y del vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Hildebrando Tapia (UN).
Fernández consideró que Donayre debe acercarse al despacho de la fiscal Berrú porque –enfatizó– la ley es igual para todos y, por lo tanto, todos debemos colaborar con los mandatos judiciales. Mientras que Merino puntualizó que en una democracia nadie está por encima de la ley y, si un juez o fiscal convoca a cualquier ciudadano, debe asistir. En el mismo tono, Cabanillas, ex presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, le pidió al comandante general del Ejército que acuda, y remarcó que todo ciudadano debe acceder a las convocatorias de una autoridad. “De modo que no hay otra cosa. Se va o se va. No hay alternativa. Uno no puede decir simplemente 'no voy’”, subrayó en diálogo con Perú.21.
PASIBLE DE DENUNCIA.
A su turno, Peláez advirtió que la actitud de dicho oficial, quien en seis oportunidades hizo oídos sordos a la citación fiscal, podría ser pasible de una denuncia penal por resistirse a la autoridad. “Además, el Ministerio Público debe ejercitar los apremios que la ley le otorga”, indicó.En opinión de Tapia, toda persona, uniformada o no, debe ponerse a derecho y está sujeta a ser investigada, más aún si, hace más de un año, una comisión del Parlamento ya indagó sobre los presuntos malos manejos en la entrega de gasolina y detectó irregularidades. “¿Si no tiene ninguna responsabilidad, por qué no esclarece los hechos y responde las preguntas fiscales?”, dijo.
DEBERÍAN SEPARARLO.
Para Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, este problema debería resolverse de inmediato y, para eso, señaló, hay dos caminos: que el premier Simon le ordene a Donayre que declare ante la Fiscalía o que lo destituya para que responda por los cargos que se le imputan.“Existen muchos indicios de que hay cosas muy feas (en el uso de los combustibles). El premier tiene el caso en sus manos; que él lo obligue (a acudir) o que lo destituya, que le quite el poder de inmediato a este general. Es increíble que se escude en su condición de militar, de hombre fuerte, de que tiene los tanques tras de sí para evitar ser investigado”, aseveró en Ideeleradio.
El investigador del Área de Defensa y Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal (IDL), José Robles, comentó a Perú.21 que Donayre debió formular sus descargos desde la primera citación y que, de esa forma, se habría ahorrado toda esta situación. Consideró, asimismo, que Flores-Aráoz –quien declaró el lunes que su papel no era recomendarle nada al oficial– sí debió haberle pedido hace tiempo que se presentara, en concordancia con la Ley 29075, que precisa que el ministro es el responsable político del sector
fuente:peru21.com.pe
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