El premier Yehude Simon, quien junto con el presidente Alan García envió al Congreso el proyecto de ley que establece modificaciones al Código Civil y a la Ley General de Sociedades, sostuvo ayer que la iniciativa no está dirigida contra las ONG ni ninguna institución.“Soy amigo de las ONG. Soy defensor de las ONG y de la transparencia. Lo que estamos haciendo es…si hay algo allí que no se entienda, se corregirá. Lo que estamos haciendo es proteger al Estado frente a cualquier injerencia de afuera”, dijo a LA PRIMERA.
Sin embargo, voces desde diversas tiendas políticas y organizaciones salieron a criticar este proyecto por considerarlo un instrumento totalitario que permitirá la clausura de cualquier empresa e institución con el argumento de que sus actividades atentan contra “la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público o el principio internacional de no intromisión en asuntos internos”.
Tiene carácter fascistoide
El legislador Víctor Mayorga señaló que “esta propuesta tiene un carácter fascistoide que forma parte de toda una política de persecución y de represión contra la oposición y que la bancada nacionalista se opondrá rotundamente”.
Mayorga explicó que la iniciativa forma parte de toda una política de corte represivo del gobierno contra quienes son la oposición, lo que demuestra la intolerancia del gobierno frente a las voces discrepantes.
Peligroso y preocupante
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Centros, Luis Sirumbal, calificó el proyecto de peligroso y preocupante. “El problema de este proyecto no es cubrir un vacío jurídico porque eso no existe. Lo que quieren es crear un nuevo instrumento de coerción política porque cuando intentaron hacerlo vía modificatoria de las atribuciones de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), nuestra demanda ante el Tribunal Constitucional detuvo esta pretensión”, expresó.
Indicó que aparentemente se supone que el primer objetivo de ataque con ese proyecto son las Casas del Alba, pero también sería fácil interpretar que se quiere amenazar a las organizaciones sociales y regionales que en los últimos años vienen manifestando su malestar con los pocos beneficios que la política económica genera para las mayorías.
fuente:diariolaprimera.com.pe
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