Premier aseguró que se acatará de todas maneras fallo sobre 'píldora del día siguiente’. Colegio Médico anuncia que pedirá un análisis a Comisión Interamericana de DD.HH.
El presidente Alan García y su Consejo de Ministros respaldaron ayer la decisión del titular de Salud, Óscar Ugarte, de pedirle al Tribunal Constitucional (TC) que aclare la sentencia que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, en la medida en que contradice el fallo que emitió en 2006 y deja en el aire el destino del lote de píldoras que el Ministerio de Salud iba a distribuir próximamente.Fueron el propio Ugarte y el jefe del gabinete, Javier Velásquez Quesquén, quienes formularon este anuncio al término de la sesión del Consejo de Ministros. En diálogo con la prensa, también descartaron que el Ejecutivo vaya a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para consultarle si la píldora es abortiva, como sostienen sus detractores.“
La posición del Gobierno es respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, respaldar el recurso de aclaración que ha planteado el Ministerio de Salud y esperar el pronunciamiento (del organismo constitucional)”, aseveró el primer ministro.Según había adelantado el ministro de Salud el martes, el TC tiene hasta hoy para emitir una respuesta oficial.
EL OTRO CAMINO.
Al margen de esta decisión, ni Ugarte ni Velásquez Quesquén fueron claros a la hora de explicar por qué se descartó la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, que era algo que habían barajado en los días previos tanto el titular de Salud como la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez.“Esa fue la posibilidad que se pudo haber esgrimido, pero creemos que, en un estado de derecho, la preocupación en relación con los efectos de esta sentencia se solucionará más rápidamente pidiendo una aclaración al tribunal”, afirmó el premier.
La decisión de no acudir a la CIDH se entendió menos aún cuando el propio Velásquez sostuvo que pedirle a este organismo una opinión sobre el tema no iba a motivar que el Ejecutivo desconociera la resolución del TC.Ugarte explicó que, aunque el Gobierno no acudiría a las instancias internacionales, cualquier ciudadano u organismo no gubernamental era libre de pedir a la CIDH que se pronuncie.Asimismo, reiteró su preocupación sobre las graves consecuencias que el fallo podría tener sobre la política de planificación familiar del Estado.
“El compuesto químico que está en la píldora del día siguiente –el Levonorgestrel– también está en otras pastillas anticonceptivas. Esto podría llevar a pedir la anulación de todas esas otras pastillas”, advirtió.Y aunque por la mañana había dicho que existía una presión contra el reparto de la píldora que buscaba “barrer” con la política de planificación familiar, por la tarde retrocedió en sus declaraciones y señaló que eso era algo que no podía afirmar a ciencia cierta.
MÉDICOS IRÁN A LA CIDH.
Conocida la posición oficial del Gobierno, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Julio Castro Gómez, anunció que su institución asumirá la responsabilidad de pedirle a la CIDH una opinión sobre el caso.
En esta gestión lo acompañarán otras organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las ONG Manuela Ramos y Flora Tristán.Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, manifestó que la resolución del TC podría ser considerada inconstitucional en la medida en que es “discriminatoria pues afecta a las mujeres de bajos recursos, impidiéndoles tener acceso a este anticonceptivo”.
fuente:peru21.com.pe
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