La Carta Magna de 1993 establece apenas dos requisitos para ser candidato al Congreso. A la luz de los sucesivos escándalos parlamentarios han surgido propuestas para aplicar filtros más estrictos. En Colombia y en Brasil, por ejemplo, están inhabilitados para postular quienes registran sentencias condenatorias
En el año 2004, el entonces congresista Rafael Valencia presentó un proyecto de reforma constitucional para que, entre los requisitos para acceder a una curul, se incluya el tener comprobada solvencia moral y salud física y psicológica, formación universitaria, técnica o su equivalente, no tener antecedentes penales y tampoco proceso penal en curso en agravio del Estado antes de la fecha de las elecciones.
De haber prosperado dicha iniciativa, muchos de los legisladores que hoy nos sorprenden ingratamente con sucesivos escándalos, que evaden a la justicia amparándose en su inmunidad parlamentaria y que, sin vergüenza alguna, reconocen que consignaron información falsa en sus declaraciones juradas, no ocuparían una curul ni percibirían ingresos mensuales superiores a los S/.15,000. Menos aún podrían darse el lujo de desafiar a la autoridad, recortar sueldos, contratar empleados 'fantasmas’, familiares y demás amigas en sus despachos, usar armas sin licencia, entregar cheques sin fondo, etc.
Hoy, a 17 meses de las próximas elecciones generales, el Congreso no ha aprobado ninguna norma que mejore los filtros para acceder a un escaño, alegando que una medida de ese tipo atentaría contra los derechos fundamentales del ciudadano. Con ese mismo argumento, y otros mucho más endebles, algunos parlamentarios han rechazado –incluso antes de su discusión– la iniciativa para que en las hojas de vida se mencionen las sentencias condenatorias que hayan sido ejecutadas.
TRANSPARENCIA.
La directora ejecutiva de Proética, Cecilia Blondet, manifestó que el electorado tiene derecho a conocer a su candidato para no votar a ciegas, y este, por su parte, tiene la obligación de darle toda la información necesaria. “Yo soy de la idea de que antes de añadir requisitos hay que cumplir los que ya existen, y eso pasa por una hoja de vida en la que se diga la verdad, y si no es así que haya sanción.
En este momento, no hay tampoco ninguna penalidad para los partidos políticos que presentan a personas que terminan siendo delincuentes, sinvergüenzas o débiles mentales. Nadie asume la responsabilidad, y ese es un tema que también debe incluirse en nuestra legislación”, sostuvo Blondet.
En esa línea, se mostró de acuerdo con la iniciativa para consignar las sentencias condenatorias ejecutadas en las declaraciones juradas, aunque reconoció que el tema es delicado, por lo que recomendó su exhaustivo análisis por parte de los especialistas.El director de Reflexión Democrática, José Elice, por su parte, comentó que “no es descabellado pensar en la posibilidad de penalizar la mentira o el ocultamiento de información en las hojas de vida”, pero advirtió que este punto debería ser parte de un gran paquete de reformas, que comprenda la implementación del voto facultativo, la renovación parcial de congresistas y la eliminación del voto preferencial, entre otros.
“La definición sobre qué hacer no es sencilla. Creo que el inicio de la solución del problema debería orientarse hacia la responsabilidad de las organizaciones políticas en el proceso de selección de los candidatos que postulan a cargos de elección popular”, agregó.
La representante de Proética, en tanto, advirtió que otro factor que contribuiría al ingreso en política de personajes impresentables es el económico. “¿Cómo se hacen las campañas? Sobre la base de donaciones que deberían ser de los militantes, pero como no existe un partido debidamente estructurado, al final son donaciones de terceros. Las campañas electorales son vistas, entonces, como una manera de generar ingresos. Hay un manoseo perverso; pero hay que tomar medidas, no podemos seguir mirando el circo que tenemos como Congreso”, concluyó Blondet.
fuente:peru21.com.pe
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