El Tribunal Constitucional, mediante resolución de la mayoría de sus miembros prefirió pronunciarse sobre la forma y no sobre el fondo del asunto, que era la imprescriptibilidad o no de delitos de lesa humanidad como el caso El Frontón, en el que murieron 111 presos (según la sentencia).En ese aspecto, declaró “nulo” el recurso de queja presentado por el Instituto de Defensa Legal e “improcedente la queja de derecho e improcedente el recurso de agravio constitucional”, dándole la razón al marino Teodorico Bernabé Montoya.
No obstante, el voto en minoría sustentado por los magistrados Ricardo Beaumont y Gerardo Eto, resaltó que “el punto neurálgico de la discusión en esta causa reside en determinar si cabe la prescripción de la acción penal en relación con los hechos acaecidos el 19 de junio de 1986 en que se produjo la debelación del motín de internos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón”.
También el doctor César Landa se pronunció, en voto singular, “por expedir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia”, que al parecer de Landa es la “impunidad respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno”.Al respecto resaltó que el Tribunal Constitucional ya ha emitido resolución en otros casos de delitos de lesa humanidad, señaló que la demanda de hábeas corpus de Montoya “tiene por finalidad desconocerla en su conjunto, situación que constituye un quebrantamiento del orden jurídico constitucional y frente a la cual el Tribunal Constitucional no puede quedarse pasivo”.
Landa sostuvo, en su resolución, que el TC al evitar el pronunciamiento respecto a la imprescriptibilidad del caso El Frontón, “no contribuye al fortalecimiento de nuestro Estado constitucional y democrático, en cuya esencia yace el pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas; poniendo con ello al Estado peruano en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones internacionales que, voluntariamente y en ejercicio pleno de su soberanía, ha asumido”.
Niega acoso sexual Elizabeth Zea Marquina, asesora de la comisión de derecho laboral del Tribunal Constitucional, negó ayer ser parte de la maniobra para presionar políticamente al magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez.Aseguró, en una carta enviada a nuestra redacción, que tiene una relación “estrictamente de carácter profesional guardando el respeto y consideración que merecen su alta investidura” con todos los miembros del tribunal, incluido Álvarez, de quien no ha sufrido ningún tipo de acoso.No obstante, reconoció, en conversación con este diario, que sí existe la denuncia por acoso sexual contra Ernesto Álvarez, presentada por su ex conviviente, Carlos Pajares. fuente.diraiolaprimera.com.pe
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