De manera inesperada, el presidente Alan García se pronunció ayer sobre la situación de la periodista de televisión Magaly Medina y prometió revisar su caso con la ministra de Justicia.García declaró tras abandonar el flamante penal de mujeres Tarapacá, en Chorrillos.El mandatario detuvo su vehículo de manera imprevista y descendió de él para atender los reclamos de un grupo de manifestantes que pedía la libertad de Medina, recluida en Santa Mónica desde octubre.“Magaly es una líder popular, tiene grandes admiradores y detractores, pero yo aquí veo una presión social que pide que ya es suficiente los dos meses de reclusión; vamos a analizarlo (el caso) con la ministra de Justicia”, señaló.
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En ese momento, los hombres y mujeres que portaban pancartas alusivas a su pedido de liberación lo ovacionaron fuertemente pues, según dijeron después, no solo entendieron que el presidente estaba respondiendo a una inquietud popular, sino que se estaba comprometiendo públicamente a analizar el caso.
El tema tomó por sorpresa al premier Yehude Simon, quien indicó que no había sido visto en el Consejo de Ministros y, escuetamente, dijo que dependerá de la conductora si solicita o no algún beneficio del Gobierno.La ministra de Justicia, Rosario Fernández, abordada por los periodistas luego de la inauguración del establecimiento penitenciario, se adelantó a decir que, si bien el mandatario tiene la facultad de dar indultos a los presos, no podría beneficiar de esta manera a Magaly Medina debido a que su caso se encuentra en trámite de apelación en una sala superior, lo cual impedía su revisión para otorgar ese beneficio.
INTERFERENCIA. Las reacciones no se hicieron esperar. El letrado Vladimir Paz de la Barra, abogado de la jueza María Teresa Cabrera, quien envió a la cárcel a Medina, señaló que las palabras del jefe de Estado constituían una abierta intromisión a las decisiones del Poder Judicial, ya que el proceso de la periodista aún no finaliza.
Similar opinión tuvo el vicedecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Luis Lamas Puccio, pues indicó que las palabras del presidente sí podrían ser tomadas como una interferencia en las decisiones judiciales, toda vez que el caso no ha terminado y que su posición personifica al Poder Ejecutivo.Tatiana Bardales, abogada del futbolista Paolo Guerrero –quien interpuso la demanda contra Medina y su productor de televisión Ney Guerrero–, le pidió a Alan García, según CPN Radio, que se mantenga “al margen del caso”. Sin embargo, la letrada sostuvo que no les preocupa la intervención del mandatario porque sería jurídicamente imposible que este intervenga en el proceso.Además, le recomendó al jefe de Estado que visite los penales del país para que se dé cuenta de que hay casos mucho más graves que merecerían un indulto presidencial.Agregó que para el 18 de diciembre se ha programado la vista de la causa de la apelación presentada por la defensa de Medina, y que dependerá de la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel si confirma la sentencia o la anula.Su abogado, César Nakazaki, se limitó a decir que era importante el pronunciamiento del presidente Alan García y que esperaba que el tribunal que revisará la apelación evalúe “con justicia” y le otorgue la libertad a su patrocinada
OTRAS POSTURAS. El titular de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren, manifestó que no considera una intromisión las palabras del gobernante sobre la sentenciada periodista, pero sí cree que se trata de un “exceso de protagonismo”.El ex presidente del Tribunal Constitucional Javier Alva Orlandini puntualizó que mientras Alan García se refiera a un caso en términos genéricos no existirá interferencia, pero que si empezara a hablar con precisiones del tema, ello podría generarle el cargo de estar interfiriendo en asuntos judiciales no resueltos.
PENAS EXCESIVAS. Durante su discurso en la inauguración del penal Tarapacá, el presidente García expresó que conoce de algunas sentencias de ocho años de prisión a jóvenes de 19 y 20 años por haber robado, en estado etílico, casacas o por tener 8 gramos de cocaína o un plantón de marihuana.Indicó que se busca un mecanismo para ser generoso con jóvenes que delinquen por primera vez y darles una oportunidad, pero que también se debe tener una “válvula de seguridad” para la sociedad. Esa válvula, dijo, podría ser que se condene con una pena mucho más severa a aquella persona que es indultada y vuelve a delinquir.
fuente:peru21.com.pe
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