El proyecto cuprífero enfrenta la radicalización de algunas autoridades y ONG que no quieren dialogar técnicamente sobre el tema.
Por Richard Abecasis/Gessler Ojeda/peru21.pe
El espíritu radical que reina en la provincia de Islay, en Arequipa, podría llevar al colapso el desarrollo del proyecto Tía María, una operación minera en la que la compañía Southern Peru ha previsto destinar US$950 millones.
El diálogo entre la empresa, las autoridades y la población está estancado. Sale a luz el viejo conflicto entre los intereses agrarios y la actividad minera. Aunque la obra significará más trabajo, ingresos por canon e inversiones para Arequipa, el clima social de Islay mantiene en suspenso el proyecto.
Algo similar ocurrió en 2003, cuando la minera canadiense Manhattan tuvo que dejar el proyecto polimetálico Tambogrande, en Piura, y con ello se paralizó una inversión superior a US4,300 millones. Las ONG habían convencido a la población, en su mayoría agricultores, de que la mina acabaría con sus cultivos de limón y de mango.
INFLUENCIA. De acuerdo con información recogida por Perú.21, existen dos principales grupos que estarían ejerciendo influencia entre los dirigentes del distrito de Cocachacra, alentándolos a que se opongan al proyecto Tía María. Estos son la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y la ONG Labor, que se han instalado hace un par de años en Arequipa para realizar acciones de difusión en contra del proyecto.
Por Richard Abecasis/Gessler Ojeda/peru21.pe
El espíritu radical que reina en la provincia de Islay, en Arequipa, podría llevar al colapso el desarrollo del proyecto Tía María, una operación minera en la que la compañía Southern Peru ha previsto destinar US$950 millones.
El diálogo entre la empresa, las autoridades y la población está estancado. Sale a luz el viejo conflicto entre los intereses agrarios y la actividad minera. Aunque la obra significará más trabajo, ingresos por canon e inversiones para Arequipa, el clima social de Islay mantiene en suspenso el proyecto.
Algo similar ocurrió en 2003, cuando la minera canadiense Manhattan tuvo que dejar el proyecto polimetálico Tambogrande, en Piura, y con ello se paralizó una inversión superior a US4,300 millones. Las ONG habían convencido a la población, en su mayoría agricultores, de que la mina acabaría con sus cultivos de limón y de mango.
INFLUENCIA. De acuerdo con información recogida por Perú.21, existen dos principales grupos que estarían ejerciendo influencia entre los dirigentes del distrito de Cocachacra, alentándolos a que se opongan al proyecto Tía María. Estos son la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y la ONG Labor, que se han instalado hace un par de años en Arequipa para realizar acciones de difusión en contra del proyecto.
A estas organizaciones se debe sumar la Coordinadora Provincial Contra la Agresión Minera, que está conformada por los Frentes de Defensa de Recursos Naturales e incluye a la Central General de Trabajadores del Perú.
Al respecto, el presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Aranda, sostiene que el factor político, ante la cercanía de las elecciones regionales, se podría convertir en un freno u obstáculo en Islay.
DIÁLOGO FRUSTRADO. El miércoles último, en el poblado de Cocachacra –donde se ubica el yacimiento Tía María–, los dirigentes sociales se negaron a escuchar a las comitivas del Ministerio de Energía y Minas y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que acudieron para explicar los detalles del proyecto, y las obligaron a abandonar el salón de sesiones.
El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, reconoció ayer que el diálogo directo es imposible y, por ello, considera válido el intento de una nueva consulta vecinal. “La otra alternativa es desentendernos del problema y dejar que el conflicto evolucione. Hemos intentado por todos los medios de que prevalezca el diálogo, pero hay gente que ni siquiera quiere escuchar”, dijo.
Sin embargo, el viceministro de Minas, Fernando Gala, aclaró que realizar una consulta popular no está dentro de los procedimientos contemplados para entregar una concesión minera. “Lo que se debe hacer es una audiencia pública, donde todas las personas puedan decir por qué se oponen al proyecto o mostrar las dudas técnicas, sociales o ambientales que tienen”.
A LA CARGA. Para empeorar el panorama, el presidente regional de Arequipa comentó que no tiene aún la certeza de que el gobierno regional pueda llevar adelante una consulta popular por el proyecto Tía María. Asimismo, refirió que no está seguro de que el Consejo Regional pueda darle legalidad al proceso. No obstante, sostiene que “sería la única oportunidad para el proyecto minero” y, por ello, afirmó que está dispuesto a encabezar las gestiones para que la consulta se lleve a cabo.
Cabe recordar que el 27 de setiembre de 2009 se convocó a una consulta entre los pobladores de Islay. En esa oportunidad, el 92% de la población le dijo no a la inversión minera. En esta oportunidad, el Gobierno Regional de Arequipa plantea encargar las labores de supervisión del proceso a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
peru21.pe
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