El anuncio de que esta semana se presentará en el Congreso un proyecto que propone amnistiar a militares procesados por violaciones a los derechos humanos ha desatado la polémica en el Perú.
El congresista Edgar Núñez, del oficialista Partido Aprista Peruano (PAP), informó que la propuesta tendrá un carácter "multipartidario", ya que cuenta con el apoyo de representantes de diferentes fuerzas.
"El proyecto ya lo tengo listo, pero me acojo al pedido de diferentes bancadas que quieren una mayor reflexión, pero de todas maneras lo presentaremos la próxima semana", declaró el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso a la Agencia Andina.
Yehude Simon
La eventual presentación del proyecto motivó la reacción inmediata de las organizaciones defensoras de los derechos humanos e incluso un comentario desfavorable del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.
Mientras las organizaciones consideran que este proyecto busca imponer la impunidad y puede favorecer al procesado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Simon remarcó que no cree que el Estado deba amnistiar en casos de violaciones a los derechos humanos.
El primer ministro opinó que las Fuerzas Armadas merecen "gratitud" por su lucha contra el terrorismo, pero enfatizó que se debe identificar y castigar a los militares que hayan cometido delitos.
"Si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos, tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional", aseguró.
Garatea
De similar opinión fue el sacerdote Gastón Garatea, ex integrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, quien comentó que el proyecto sería "desatinado".
Garatea recordó a la agencia Andina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos derogó en el 2001 una ley de amnistía que dio Fujimori en 1994, con el argumento de que ese tipo de beneficios no proceden para delitos de lesa humanidad.
Flores-Aráoz
Pero desde el Poder Ejecutivo también se han presentado voces de apoyo a la propuesta, como la del ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, quien la consideró "legítima" ante la lentitud con que se desarrollan los procesos contra militares en el Poder Judicial.
El ex legislador reconoció, sin embargo, que "hay que tener cuidado de que esta propuesta colisione con tratados internacionales", aunque dijo que en la Corte Interamericana existe "una opinión sesgada" sobre las amnistías.
Al respecto, el congresista Núñez dijo que recogerá en su proyecto las propuestas de otros legisladores y consideró que el debate que se ha abierto "ha sido positivo".
Aseguró que no busca la impunidad para los militares, sino "una salida" para los que son procesados desde hace años sin que existan mayores pruebas en su contra.
Núñez aclaró que la norma busca beneficiar sólo a los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar, que permitió el rescate de 71 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima en 1997, y a los subalternos que actuaron bajo órdenes superiores.
Según fuentes oficiales, unos 600 militares enfrentan juicios por casos vinculados a la violación de derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo.
Entre ellos se encuentran los miembros del destacamento "Chavín de Huántar", acusados de haber ejecutado a tres integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) después del exitoso rescate de los rehenes.
EFE
El congresista Edgar Núñez, del oficialista Partido Aprista Peruano (PAP), informó que la propuesta tendrá un carácter "multipartidario", ya que cuenta con el apoyo de representantes de diferentes fuerzas.
"El proyecto ya lo tengo listo, pero me acojo al pedido de diferentes bancadas que quieren una mayor reflexión, pero de todas maneras lo presentaremos la próxima semana", declaró el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso a la Agencia Andina.
Yehude Simon
La eventual presentación del proyecto motivó la reacción inmediata de las organizaciones defensoras de los derechos humanos e incluso un comentario desfavorable del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.
Mientras las organizaciones consideran que este proyecto busca imponer la impunidad y puede favorecer al procesado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Simon remarcó que no cree que el Estado deba amnistiar en casos de violaciones a los derechos humanos.
El primer ministro opinó que las Fuerzas Armadas merecen "gratitud" por su lucha contra el terrorismo, pero enfatizó que se debe identificar y castigar a los militares que hayan cometido delitos.
"Si hay casos concretos con nombres y se prueban violaciones de derechos humanos, tenemos que identificarlos de manera personal, pero no institucional", aseguró.
Garatea
De similar opinión fue el sacerdote Gastón Garatea, ex integrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, quien comentó que el proyecto sería "desatinado".
Garatea recordó a la agencia Andina que la Corte Interamericana de Derechos Humanos derogó en el 2001 una ley de amnistía que dio Fujimori en 1994, con el argumento de que ese tipo de beneficios no proceden para delitos de lesa humanidad.
Flores-Aráoz
Pero desde el Poder Ejecutivo también se han presentado voces de apoyo a la propuesta, como la del ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, quien la consideró "legítima" ante la lentitud con que se desarrollan los procesos contra militares en el Poder Judicial.
El ex legislador reconoció, sin embargo, que "hay que tener cuidado de que esta propuesta colisione con tratados internacionales", aunque dijo que en la Corte Interamericana existe "una opinión sesgada" sobre las amnistías.
Al respecto, el congresista Núñez dijo que recogerá en su proyecto las propuestas de otros legisladores y consideró que el debate que se ha abierto "ha sido positivo".
Aseguró que no busca la impunidad para los militares, sino "una salida" para los que son procesados desde hace años sin que existan mayores pruebas en su contra.
Núñez aclaró que la norma busca beneficiar sólo a los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar, que permitió el rescate de 71 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima en 1997, y a los subalternos que actuaron bajo órdenes superiores.
Según fuentes oficiales, unos 600 militares enfrentan juicios por casos vinculados a la violación de derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo.
Entre ellos se encuentran los miembros del destacamento "Chavín de Huántar", acusados de haber ejecutado a tres integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) después del exitoso rescate de los rehenes.
EFE
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