Mientras el Perú se encuentra concentrado en la campaña electoral, una mirada a lo que sucede en las entidades del Estado nos permite detectar una situación que llama severamente la atención y amerita una corrección inmediata: El copamiento aprista –militantes y allegados a dirigentes del partido de gobierno– en el organismo encargado de supervisar y fiscalizar los más de seis mil millones de dólares comprometidos anualmente en adquisiciones y contrataciones del Estado.
La situación descrita se presenta en el Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado (OSCE), llamado anteriormente Consucode, a cargo del aprista Carlos Salazar Romero, a la sazón propietario de un inmueble que sirve para “alojamientos eventuales”, y que los vecinos de la zona en la que se ubica lo identifican como una “casa de citas”.
En los últimos años, mientras el presidente Alan García llamaba a todos los niveles de gobierno –central, regional y local– a invertir sin temor, en el ente encargado de supervisar esa inversión se producían cambios no solo en el nombre sino en el marco normativo, para permitir el ingreso de ‘compañeros’.
El nuevo marco legal no define el plazo para el ejercicio de la función de vocal del tribunal del OSCE (antes era de tres años), con lo cual los nuevos integrantes podrán mantenerse más allá del actual gobierno.
Adicionalmente, se produjo un concurso –a cargo de una comisión del Ejecutivo integrada, entre otros, por el exviceministro de Justicia, Gerardo Castro, recientemente detenido por cobrar una coima – que designó a los 12 vocales del OCSE.
Una revisión de los antecedentes de estos vocales permite descubrir que ocho de los 12 funcionarios son militantes o tienen alguna vinculación al ‘Partido de la Estrella’. Un ejemplo es el propio Salazar Romero, quien hace poco se desempeñó como integrante del Tribunal Nacional Electoral del Apra.
Asimismo, figura Martín Zumaeta Giudichi, sobrino del presidente del Congreso, César Zumaeta, Janette Elke Ramírez Maynetto –esposa de Zumaeta Giudichi– y Jorge Silva Dávila, persona vinculada al exministro de Energía Juan Valdivia. También se ha designado a Mónica Yadira Yaya Luyo, identificada por los ‘compañeros’ como aprista confesa y vinculada al entorno de Jorge del Castillo, Carlos Navas Rondón –exfiscal no ratificado por el CNM y extitular de la Asociación de Magistrados– y Dammar Salazar Diaz, vinculada a la base de Lambayeque.
Fuentes del propio organismo señalan también a Wina Isasi Berrospi como vinculada al Apra, y confirmaron que César Candela Jara, hombre de confianza de Luis Nava, con oficina en Palacio de Gobierno, es miembro del Consejo Directivo y despacha en el local del OSCE.
La situación descrita se presenta en el Organismo Supervisor de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado (OSCE), llamado anteriormente Consucode, a cargo del aprista Carlos Salazar Romero, a la sazón propietario de un inmueble que sirve para “alojamientos eventuales”, y que los vecinos de la zona en la que se ubica lo identifican como una “casa de citas”.
En los últimos años, mientras el presidente Alan García llamaba a todos los niveles de gobierno –central, regional y local– a invertir sin temor, en el ente encargado de supervisar esa inversión se producían cambios no solo en el nombre sino en el marco normativo, para permitir el ingreso de ‘compañeros’.
El nuevo marco legal no define el plazo para el ejercicio de la función de vocal del tribunal del OSCE (antes era de tres años), con lo cual los nuevos integrantes podrán mantenerse más allá del actual gobierno.
Adicionalmente, se produjo un concurso –a cargo de una comisión del Ejecutivo integrada, entre otros, por el exviceministro de Justicia, Gerardo Castro, recientemente detenido por cobrar una coima – que designó a los 12 vocales del OCSE.
Una revisión de los antecedentes de estos vocales permite descubrir que ocho de los 12 funcionarios son militantes o tienen alguna vinculación al ‘Partido de la Estrella’. Un ejemplo es el propio Salazar Romero, quien hace poco se desempeñó como integrante del Tribunal Nacional Electoral del Apra.
Asimismo, figura Martín Zumaeta Giudichi, sobrino del presidente del Congreso, César Zumaeta, Janette Elke Ramírez Maynetto –esposa de Zumaeta Giudichi– y Jorge Silva Dávila, persona vinculada al exministro de Energía Juan Valdivia. También se ha designado a Mónica Yadira Yaya Luyo, identificada por los ‘compañeros’ como aprista confesa y vinculada al entorno de Jorge del Castillo, Carlos Navas Rondón –exfiscal no ratificado por el CNM y extitular de la Asociación de Magistrados– y Dammar Salazar Diaz, vinculada a la base de Lambayeque.
Fuentes del propio organismo señalan también a Wina Isasi Berrospi como vinculada al Apra, y confirmaron que César Candela Jara, hombre de confianza de Luis Nava, con oficina en Palacio de Gobierno, es miembro del Consejo Directivo y despacha en el local del OSCE.
fuente:peru21.pe
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