El congresista Edgar Reymundo, integrante de la comisión investigadora de la presunta adjudicación irregular de lotes petroleros, indicó en RPP que "existen indicios suficientes" de posibles ilícitos penales que implicarían a funcionarios de Perupetro.
Sostuvo que existen indicios razonables de que "hubo una red de negocios" conformada por empresarios privados que utilizaron a funcionarios públicos para obtener sus beneficios en detrimento del Estado.Dijo además que el informe final en mayoría determinó que los ministros implicados en este caso tuvieron una responsabilidad política, que "fue pagada" cuando fueron destituidos del cargo.Por su parte, el parlamentario Aurelio Pastor opinó que la comisión no realizó una adecuada investigación por los problemas dentro del grupo, pues varios de ellos adelantaron opinión y generaron especulaciones que vulneraron los derechos de las personas investigadas.Por otro lado, lamentó que su investigación no haya sido debidamente estructurada y seria. Pastor señaló que la comisión debió ceñirse a las normas que dicta el Tribunal Constitucional según las cuales debían de mantener "en reserva" una investigación de esta naturaleza.Al respecto, Reymundo aseguró que procuraron manejarse con objetividad durante la investigación. Sin embargo, acusó al congresista Carlos Raffo, vicepresidente de la comisión, de concertar un "arreglo censurable" con el partido aprista para desacreditar al grupo de trabajo.
Al respecto, el abogado Natale Amprimo estimó que hay omisiones en los dictámenes presentados por la Comisión del "Caso Discover", ya que el informe en mayoría no especifica que no hubo infracción constitucional por parte de los ministros.
Asimismo, el dictamen en minoría considera que hubo infracción constitucional por gestión de intereses, pero no precisa a qué gestión se refiere.
Sostuvo que existen indicios razonables de que "hubo una red de negocios" conformada por empresarios privados que utilizaron a funcionarios públicos para obtener sus beneficios en detrimento del Estado.Dijo además que el informe final en mayoría determinó que los ministros implicados en este caso tuvieron una responsabilidad política, que "fue pagada" cuando fueron destituidos del cargo.Por su parte, el parlamentario Aurelio Pastor opinó que la comisión no realizó una adecuada investigación por los problemas dentro del grupo, pues varios de ellos adelantaron opinión y generaron especulaciones que vulneraron los derechos de las personas investigadas.Por otro lado, lamentó que su investigación no haya sido debidamente estructurada y seria. Pastor señaló que la comisión debió ceñirse a las normas que dicta el Tribunal Constitucional según las cuales debían de mantener "en reserva" una investigación de esta naturaleza.Al respecto, Reymundo aseguró que procuraron manejarse con objetividad durante la investigación. Sin embargo, acusó al congresista Carlos Raffo, vicepresidente de la comisión, de concertar un "arreglo censurable" con el partido aprista para desacreditar al grupo de trabajo.
Al respecto, el abogado Natale Amprimo estimó que hay omisiones en los dictámenes presentados por la Comisión del "Caso Discover", ya que el informe en mayoría no especifica que no hubo infracción constitucional por parte de los ministros.
Asimismo, el dictamen en minoría considera que hubo infracción constitucional por gestión de intereses, pero no precisa a qué gestión se refiere.
fuente:rpp.com.pe
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