Los indicios de irregularidades en ambos casos fueron contundentes. Esa fue la conclusión a la que llegó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, que anoche --por mayoría en ambos casos-- recomendó acusar constitucionalmente a los legisladores Margarita Sucari Cari (BP) y José Anaya Oropeza (UPP), quienes habrían incurrido en delitos contemplados en el Código Penal, lo cual los podría colocar a un paso del desafuero.
Tal vez el caso más complicado para la subcomisión parlamentaria, que preside la fujimorista Martha Moyano, fue el de Margarita Sucari, quien fue acusada de los presuntos delitos de concusión y falsedad genérica, los mismos que se habrían configurado por haberse apoderado, presuntamente, de parte del sueldo de la ex auxiliar de su despacho Ivonne Araujo, para favorecer a terceras personas.
El informe, que debió ser remitido anoche mismo a la Comisión Permanente, establece que se han configurado todos y cada uno de los elementos materiales del delito de falsedad genérica, por lo que "debe colegirse que la congresista Margarita Sucari Cari habría cometido este delito en agravio del Estado", según el informe final emitido por el grupo de trabajo parlamentario.
El mismo documento advierte que la cuestionada legisladora presentó documentos administrativos "destinados a falsear o alterar la verdad" en el caso de su ex colaboradora Ivonne Araujo.En lo tocante al delito de concusión, se establece que este se habría configurado al haberse presionado a Araujo para que entregase parte del monto que le asignaba el Congreso por concepto de su remuneración mensual.
SINGULAR VOTACIÓN APRISTA
La acusación contra la congresista Sucari tuvo una singular votación. Mientras que a favor de la sanción se pronunciaron Martha Moyano (AF), Daniel Abugattas y Cayo Galindo (GPN), Luis Galarreta (UN) y Carlos Bruce (AP), llamó poderosamente la atención que los representantes apristas Julio Herrera, Franklin Sánchez y Wilder Calderón lo hicieran en contra, lo mismo que el legislador Édgard Reymundo (BP). Francisco Escudero (UPP) optó por la abstención.UN TRÁMITE MÁS VELOZMientras la exposición y debate de puntos de vista sobre el Caso Sucari les tomó a los miembros del grupo de trabajo más de 50 minutos, el caso de José Anaya no requirió más de diez minutos.
Ninguno de los integrantes de la subcomisión se atrevió a defenderlo, debido a lo irrefutable de las pruebas en contra del cuestionado legislador.Carlos Bruce, por ejemplo, consideró que hay suficientes indicios para acusar a su colega ancashino por los delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de falsa declaración por procedimiento administrativo, falsificación de documentos y peculado, con el propósito de sustentar sus gastos operativos.Ambos casos deberán ser evaluados ahora por la Comisión Permanente del Congreso, la cual deberá debatir si se acusa formalmente a estos legisladores, que ya han quedado a un paso del desafuero.Piden suspender a upepista 120 días
Horas antes del pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Ética Parlamentaria acordó de forma unánime suspender por 120 días a José Anaya (UPP) por considerar que este legislador solicitó al Departamento de Tesorería y Contabilidad del Congreso el reembolso de un pasaje a Italia que no le había costado nada, pues se trataba de una invitación.El informe señala que Anaya "no ha podido desvirtuar fehacientemente los argumentos de la denuncia periodística", la cual reveló además reveló que adulteró boletas de venta para sustentar sus gastos operativos.Por estos hechos, se concluye que Anaya ha infringido los artículos 1, 2 y 3 del Código de Ética Parlamentaria.Por si fuera poco, se demostró que el upepista intentó defenderse ante la Comisión de Ética con la presentación de boletas falsas.En sus descargos, Anaya dijo que su ex asesor Guillermo Lizarzaburu le había robado las boletas, lo cual, según corroboró la Comisión de Ética, no ocurrió.
El legislador upepista solo aceptó haber pedido el reembolso del pasaje a Italia.El informe fue aprobado con los votos de Luis Galarreta (UN), Mario Alegría (Apra), Martha Hildebrandt (GPF) y Elizabeth León (BP), quien con este caso concluyó su mandato como presidenta de la comisión.Este informé deberá ser debatido y votado en el pleno del Congreso, instancia que podrá ratificar, reducir o rechazar la sanción.
Por José Santillán Arruz fuente:elcomercio.com.pe
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