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viernes, 9 de enero de 2009

Detienen a agentes de la Marina por 'petroaudios’

Cinco miembros de la Armada permanecerán en manos de la Dirandro por 10 días. Ministro Flores-Aráoz descarta cualquier relación de la Marina con este caso de espionaje.

Mientras que, en el Congreso de la República, la comisión que investigó el tema de los 'petroaudios’ decidió no acusar a los ex ministros vinculados al caso –Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos–, en los fueros del Ministerio Público la historia se pinta con otros matices. Ayer, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, en compañía de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Percy Peñaranda y José Peláez, anunció la captura y detención de seis personas presuntamente vinculadas a la interceptación telefónica que generó el mayor escándalo político del Gobierno.
LA MARINA, OTRA VEZ.
La información obtenida por los agentes de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la PNP –que trabajaron en coordinación con la fiscalía– determinó la identificación de quienes serían responsables del 'chuponeo’ telefónico a los protagonistas de los 'petroaudios’: Rómulo León Alegría y Alberto Quimper.
Así, se determinó que la empresa Business Track Sociedad Anónima Cerrada (SAC) habría sido contratada para interceptar las líneas telefónicas del ex ministro de Pesquería León Alegría.
Esta compañía es conocida por realizar 'barridos’ telefónicos, y uno de sus últimos clientes –por otro caso– fue el ex canciller Francisco Tudela, según él mismo denunció a fines de 2008. Con la orden de detención emitida por el titular del 15° Juzgado Penal de Lima, Edwin Yalico Contreras, ayer, a las 6 de la mañana, fueron detenidos el contralmirante de la Marina de Guerra en situación de retiro Elías Manuel Ponce Feijoo, el capitán de Fragata en retiro Carlos Alberto Tomasio de Lambarri, el técnico supervisor de la Marina en retiro Jesús Juan Tirado Seguín, el técnico segundo Jesús Manuel Ojeda Angles y el técnico de tercera Martín Alberto Fernández Virhuez.
También fue aprehendida la ciudadana peruana-norteamericana Giselle Maura Giannotti Grados quien, de acuerdo con información obtenida, es especialista internacional en investigación relacionada con el terrorismo.Estos personajes, de acuerdo con la fiscal Echaíz, permanecerán detenidos en la sede de la Diroes por un plazo máximo de 10 días, luego de lo cual se espera que la fiscalía formalice la denuncia penal respectiva. En ella se les acusaría por los presuntos delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir.
OPERATIVOS EN MARCHA.
Fuentes consultadas por este diario informaron que, días atrás, los agentes de la Dirandro realizaron un operativo de Contrainteligencia que consistió nada menos que en interceptar las líneas telefónicas de los detenidos, quienes ayer mismo fueron interrogados por el fiscal Milla López, ante quien negaron cualquier tipo de vinculación con el espionaje telefónico y los 'petroaudios’.Mientras tanto, en Miraflores, otro operativo se llevó a cabo. A las 7 de la noche fue allanada la vivienda ubicada en la avenida Santa Cruz N° 254, hasta donde se trasladaron la fiscal Echaíz, el comandante general de la Marina, almirante Rolando Navarrete, y un circunspecto ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz.
La inusual presencia de las altas autoridades tenía una explicación: la vivienda descerrajada era nada menos que de propiedad de la Marina de Guerra y en ella laboraban dos de los seis detenidos (ambos, subalternos en actividad).
Aunque no se encontraron equipos de 'chuponeo’, la residencia tiene instalada una antena de comunicación radial.
¿MERA DISTRACCIÓN?
Asimismo, fueron allanadas las instalaciones de la empresa, ubicada en la avenida Salaverry N° 2700, en el distrito de Lince, donde fueron incautados equipos técnicos y computadoras. Sobre el particular, Business Track emitió un comunicado en el que califica de “ilegal” esta intervención y de “abusiva” la detención de sus directivos a quienes, indicó, la fiscalía no requirió información o declaración alguna durante las investigaciones.
Y aseveró: “Estas acciones tiene por objetivo distraer a la opinión pública sobre los verdaderos responsables de los graves casos de corrupción en los que se encontrarían involucrados altos funcionarios del gobierno actual”.
HABLA LA ARMADA.
Ante la dimensión que iba tomando el escándalo, la Marina emitió un comunicado a través del cual dejó en claro que los directivos de la empresa son personal en situación de retiro y, respecto a los dos oficiales en actividad, se comprometió a colaborar con las investigaciones.
“El personal militar y civil de los órganos de Inteligencia de los institutos armados y del sector Defensa está prohibido de prestar servicios en actividades de Inteligencia a favor de particulares”, precisa el comunicado.
Horas después, y ya a su salida del local allanado, Flores-Aráoz descartó cualquier vinculación ilegal de la Armada, pese a que la vivienda intervenida pertenece a esta institución. Asimismo, negó conocer a Ponce Feijoo y, sorpresivamente, consideró necesario limpiar también la imagen del vicepresidente Luis Giampietri, amigo del hoy contralmirante detenido.
“El hecho de que sea alguien cercano (a Giampietri) no lo compromete, porque es una cuestión particular. Esta es una oficina desde donde se hace Contrainteligencia de la Marina, pero adentro no hay ningún aparato de interceptación”, recalcó.
El aludido vicepresidente, con prepotencia y sin interés en aclarar sus vínculos con Ponce Feijoo, dijo a Radioprogramas del Perú que “él ha trabajado conmigo hace 17 años, cuando estaba en la Marina. Lo conozco como conozco a miles de oficiales” y, a renglón seguido, se negó a precisar el grado de amistad que mantenía. “¡A mí no me están investigando!”, puntualizó enojado.Diferente actitud demostró, desde Chiclayo, el primer ministro, Yehude Simon, quien opinó que estas capturas fortalecen el sistema democrático del país.
“En esta lucha contra la corrupción y de búsqueda de la verdad, quien sale ganando es el Perú y la que sale fortalecida es la democracia”, afirmó.
AGUARDAN INFORME.
Ya en el Congreso, la comisión de Defensa se 'puso las pilas’ y, a través de un oficio enviado al almirante Rolando Navarrete, solicitó un informe detallado sobre la situación de cada oficial involucrado y que precise si los equipos utilizados son de su propiedad. El presidente de ese grupo de trabajo, Édgar Núñez, requirió también información al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., general EP Francisco Contreras Rivas.
fuente:peru21.com.pe

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