El dictador argentino fue hallado culpable de homicidio calificado, privaciones ilegales de la libertad y condenado a reclusión perpetua.La sanción que recibirá el ex presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos debe ser tan severa como la que Argentina le impuso al ex dictador Jorge Rafael Videla, por crímenes y secuestros, sostuvo hoy el fiscal supremo, José Peláez Bardales.
El magistrado comparó el juzgamiento a Videla, llevado a cabo ante justicia argentina por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su régimen militar (1976 -1981), con el juicio que se le sigue a Fujimori por los casos La Cantuta, Barrios Altos y secuestros en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
El magistrado comparó el juzgamiento a Videla, llevado a cabo ante justicia argentina por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su régimen militar (1976 -1981), con el juicio que se le sigue a Fujimori por los casos La Cantuta, Barrios Altos y secuestros en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Manifestó que "así como la justicia argentina impuso la condena máxima que rige en ese país de prisión perpetua, también la justicia peruana debe aplicarle a Fujimori la sanción máxima de 30 años, conforme establece la legislación para homicidio calificado, lesiones graves y secuestros".
El dictador argentino fue juzgado en 1983 y hallado culpable de homicidio calificado, privaciones ilegales de la libertad, entre otros graves delitos, y condenado a reclusión perpetua.
En 1990 el gobierno de Carlos Menen lo indultó de esta sentencia, pero recientemente fue recluido en una cárcel común por otros delitos referidos al robo y sustitución de identidad de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar.
Pelaéz Bardales manifestó que la justicia del Perú no debe hacer distingos entre procesados, sean o no ex presidentes, ya que "todos deben ser juzgados y sancionados por igual" de acuerdo a la gravedad del delito cometido, sobretodo tratándose de violaciones a derechos humanos.
"Una sentencia condenatoria es un hecho positivo porque transmite a la ciudadanía nacional e internacional que no se hace distingos entre ex presidentes y personas comunes que cometen delitos", refirió.
El dictador argentino fue juzgado en 1983 y hallado culpable de homicidio calificado, privaciones ilegales de la libertad, entre otros graves delitos, y condenado a reclusión perpetua.
En 1990 el gobierno de Carlos Menen lo indultó de esta sentencia, pero recientemente fue recluido en una cárcel común por otros delitos referidos al robo y sustitución de identidad de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura militar.
Pelaéz Bardales manifestó que la justicia del Perú no debe hacer distingos entre procesados, sean o no ex presidentes, ya que "todos deben ser juzgados y sancionados por igual" de acuerdo a la gravedad del delito cometido, sobretodo tratándose de violaciones a derechos humanos.
"Una sentencia condenatoria es un hecho positivo porque transmite a la ciudadanía nacional e internacional que no se hace distingos entre ex presidentes y personas comunes que cometen delitos", refirió.
fuente:rpp.com.pe
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