Mediante un decreto de urgencia, el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía que entregue estos recursos, en el marco del sexto paquete de medidas del plan anticrisis.
Mediante un decreto de urgencia publicado hoy en la separata de normas legales del diario El Peruano, el Ejecutivo oficializó la transferencia de 100 millones de dólares, a través de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) para alimentar el Fondo de Inversión en Infraestructura, con el que el Gobierno espera acelerar las inversiones y evitar la desaceleración que traería la crisis financiera mundial.
Esta norma integra el Sexto Grupo de Medidas para la Promoción del Empleo y la Producción que emite el Gobierno para impulsar el sector productivo del país. “El MEF queda autorizado para que mediante decreto supremo, incorpore en su presupuesto institucional, la totalidad o parte de de los recursos para la constitución de dicho fondo”, señala el decreto.
El dispositivo también permitirá que las AFP inviertan una parte de los fondos que administran en obras de ese tipo. Asimismo, impulsará la ejecución de proyectos de inversión mediante asociaciones público-privadas (APP) y las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.
De acuerdo con el ministro de Economía, Luis Carranza, el fondo contará con US$500 millones, de los cuales US$300 millones los aportarían las AFP y, US$200 millones, el Estado.
Gonzalo de las Casas, gerente de Inversiones de AFP Integra, informó a Perú.21 que las administradoras vienen trabajando junto con el MEF en los detalles para que la próxima semana ya esté listo el citado instrumento, el mismo que deberá contar con el visto bueno de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Uno de los temas de discusión es quién será el gestor del mismo, quién lo elegirá y si el Estado podrá otorgar garantías financieras a los proyectos.Sin embargo, como refiere De las Casas, lo que queda claro es que este fondo no estará sujeto a la Ley de Contrataciones ni a las regulaciones de la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas. Es decir, no habrá la obligación de aplicar el comparador público privado y no habrá limitaciones a las garantías que puede dar el Estado para que los inversionistas obtengan financiamiento adicional.
Comentó que los US$500 millones de este fondo son una cifra preliminar pues “si hay proyectos de mayor envergadura que ofrezcan rentabilidad alta, ¿por qué no financiarlos?”.
Mediante un decreto de urgencia publicado hoy en la separata de normas legales del diario El Peruano, el Ejecutivo oficializó la transferencia de 100 millones de dólares, a través de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) para alimentar el Fondo de Inversión en Infraestructura, con el que el Gobierno espera acelerar las inversiones y evitar la desaceleración que traería la crisis financiera mundial.
Esta norma integra el Sexto Grupo de Medidas para la Promoción del Empleo y la Producción que emite el Gobierno para impulsar el sector productivo del país. “El MEF queda autorizado para que mediante decreto supremo, incorpore en su presupuesto institucional, la totalidad o parte de de los recursos para la constitución de dicho fondo”, señala el decreto.
El dispositivo también permitirá que las AFP inviertan una parte de los fondos que administran en obras de ese tipo. Asimismo, impulsará la ejecución de proyectos de inversión mediante asociaciones público-privadas (APP) y las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.
De acuerdo con el ministro de Economía, Luis Carranza, el fondo contará con US$500 millones, de los cuales US$300 millones los aportarían las AFP y, US$200 millones, el Estado.
Gonzalo de las Casas, gerente de Inversiones de AFP Integra, informó a Perú.21 que las administradoras vienen trabajando junto con el MEF en los detalles para que la próxima semana ya esté listo el citado instrumento, el mismo que deberá contar con el visto bueno de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Uno de los temas de discusión es quién será el gestor del mismo, quién lo elegirá y si el Estado podrá otorgar garantías financieras a los proyectos.Sin embargo, como refiere De las Casas, lo que queda claro es que este fondo no estará sujeto a la Ley de Contrataciones ni a las regulaciones de la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas. Es decir, no habrá la obligación de aplicar el comparador público privado y no habrá limitaciones a las garantías que puede dar el Estado para que los inversionistas obtengan financiamiento adicional.
Comentó que los US$500 millones de este fondo son una cifra preliminar pues “si hay proyectos de mayor envergadura que ofrezcan rentabilidad alta, ¿por qué no financiarlos?”.
DEMORA EN EL CONGRESO. A contrapelo con la celeridad en las inversiones que busca este fondo, el Pleno del Congreso acordó ayer enviar a la Comisión de Presupuesto el proyecto del Ejecutivo para hacer más expeditivos los trámites de transferencia de partidas de inversión del Gobierno Central a los gobiernos regionales.
La decisión fue adoptada por una abrumadora mayoría (78 votos a favor y solo uno en contra). El presidente del mencionado grupo de trabajo, Luis Falla Lamadrid, indicó que era necesario que su comisión viera el proyecto porque “da libertades en materia presupuestal”, y adelantó que será visto por la comisión en su sesión del próximo martes.
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