Plantean retiro parcial de Corte-IDH

El Gobierno inicia ofensiva legal para evitar pago de indemnizaciones a favor de terroristas que ordenó el tribunal de San José de Costa Rica.

La controversia generada en los últimos días por las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos vinculados al terrorismo podría determinar que el Estado peruano plantee la reserva parcial a la Convención Americana de Derechos Humanos, para evitar futuras condenas que impliquen indemnizaciones económicas y morales a favor de los subversivos o sus familiares.

Esto se desprende de las declaraciones del premier Javier Velásquez, quien propuso que se plantee la “reserva parcial, en cuanto a terrorismo y, sobre todo, en el tema de las indemnizaciones económicas“.

“Si no conocen la realidad de nuestro país, ¿cómo pueden obligarnos a cumplir con las reparaciones económicas? Como Gobierno, algo tenemos que hacer y, si no es posible apartarnos de la competencia por el delito, estableceremos un proyecto de ley para que las obligaciones económicas que se impongan sean evaluadas con la legislación interna“, declaró.

Si bien el premier aclaró que esto no implicaría el desconocimiento de la autoridad del Tribunal de San José de Costa Rica para juzgar posibles crímenes cometidos por el Estado en perjuicio de sus ciudadanos, sí propuso que “para estar de acuerdo con los tiempos actuales, considero que se deben modificar los convenios o cambiar la legislación. No estamos planteando un apartamiento de la Corte, sino mantener ciertas reservas como Chile o Colombia”.

¿ES VIABLE? El planteamiento no es del todo improcedente. De acuerdo con al artículo 75 de la Convención Americana, las reservas se enmarcan en lo dispuesto por el Tratado de Viena, que señala que un Estado firmante de un tratado internacional puede plantear la reserva al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el convenio. Se precisa que esta reserva no deberá ser incompatible con el objeto del tratado y deberá ser aprobada por los otros Estados firmantes y la institución, en este caso, la Corte Interamericana.

Un ejemplo concreto de este tema se presentó en 1999 cuando, a raíz de la sentencia de la Corte por la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron contra la re-reelección, el gobierno de Alberto Fujimori se quiso apartar de la competencia contenciosa del organismo, que rechazó la pretensión.
Aunque la propuesta de Velásquez ya ha sido conversada con el ministro de Justicia, Víctor García Toma, esta no será incluida en la agenda de la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles, según informó el mismo premier. “Será un planteamiento dentro del marco de la Constitución y los convenios que nosotros respetamos, pero el mundo está cambiando y también la legislación”, recalcó.
SALIDAS ALTERNAS.

Pero un tema que sí será incluido en la agenda será la creación de la Procuraduría que se encargará del cobro de las reparaciones económicas que adeudan los terroristas excarcelados, cuya suma asciende a más de S/.3,700 millones.
Al respecto, el actual presidente de la Corte de San José, Diego García Sayán, saludó la decisión del Gobierno de buscar salidas enmarcadas en la legislación para recuperar la deudas no honradas y evitar el pago de indemnizaciones a favor de los terroristas. “A mí me parece muy saludable, no digo que estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero sí que el camino de dar lo que consideran una batalla legal”, señaló.

Y sobre el planteamiento del ministro de Justicia para embargar sueldos de los terroristas que laboran en diversas instituciones, el congresista Raúl Castro dijo que “las remuneraciones solo son embargables por juicio de alimentos. Hay un tema legal que habría que dilucidar o en todo caso plantear una iniciativa legislativa para evaluar el asunto”.

fuente:peru21