El jefe de Estado dijo que busca justicia social porque ya se han dictado medidas a favor de la inversión. El Ejecutivo reglamenta la “ley de expropiación’ y la ministra ofrece títulos a invasores en Pichanaki.
Pese a que el mandatario Alan García salió recientemente a instar a los peruanos a que cumplan con sus obligaciones tributarias y que no le saquen la vuelta al país con la evasión de impuestos, ayer el jefe de Estado pareció demostrar flaquezas en el manejo responsable del país con un sorpresivo viraje hacia el populismo con medidas como la reestructuración de las deudas asumidas por los prestatarios del Banco de Materiales (Banmat), que incluye la condonación total de las mismas.
El presidente promulgó ayer, en San Juan de Lurigancho, el reglamento de la Ley de Saneamiento Financiero de Prestatarios del Banmat que, según sus propias palabras, significa cancelar las deudas de unas 267 mil familias de todo el país. Tal fue el impacto de sus palabras que, en medio de la efervescencia popular, el dirigente vecinal Julio Román amenazó con salir a las calles “para defender al presidente” contra quienes lo llamen “populista” por haber anunciado dicha medida.
En la fiesta popular, con globos y la infaltable “portatil’ de funcionarios apristas, se decretó esta condonación en el marco de una coyuntura nada propicia para el Tesoro Público pues la Sunat acaba de anunciar que la recaudación cayó 10% en los dos primeros meses de 2009, con relación al mismo período del año pasado.
Sin tomar en cuenta que una medida similar (la condonación) en el Banco Agrario durante su primer gobierno terminó por liquidar a esta entidad, el jefe de Estado justificó su medida al señalar que se trata de “buscar la justicia social, sin conflicto, sin insultos ni destruir la riqueza”.
Agregó que así como el Ejecutivo ha dictado medidas para favorecer la inversión y la producción, como el drawback para los exportadores, también deben darse normas para beneficiar a los más pobres del país.
Según explicó, esta medida permitirá corregir políticas equivocadas de gobiernos anteriores que otorgaron créditos a los damnificados del Fenómeno El Niño, y de los sismos de 1991 (afectó Rioja y Moyobamba), de 1996 (Nasca) y de 2001 (daño en el sur desde Ica hasta Tacna). Sin embargo, la medida alcanza también a unos 12 mil familias en situación de pobreza de diversas partes del país.
El mandatario indicó que fue un abuso que en el pasado se hayan ofrecido créditos a personas que lo habían perdido todo y que no tenían como asumir esas deudas y sus intereses.
“¿Quién puede oponerse a esta medida?, ¿Qué argumento económico puede decir que cancelar la deuda de las víctimas de los terremotos y de la corriente de El Niño es un acto de populismo?”, preguntó.
García anotó que un ejemplo de esta política de justicia social fueron los 34 mil bonos de S/.6 mil cada uno que fueron entregados a los damnificados del terremoto del 15 de agosto del año 2007. “Esa fue una ayuda directa al que había perdido todo… El Estado no puede ser un usurero”, dijo. Cabe anotar, sin embargo, que esta ayuda directa no tuvo el éxito deseado por el uso irregular de los bonos.
TITULACIÓN.
El presidente promulgó ayer, en San Juan de Lurigancho, el reglamento de la Ley de Saneamiento Financiero de Prestatarios del Banmat que, según sus propias palabras, significa cancelar las deudas de unas 267 mil familias de todo el país. Tal fue el impacto de sus palabras que, en medio de la efervescencia popular, el dirigente vecinal Julio Román amenazó con salir a las calles “para defender al presidente” contra quienes lo llamen “populista” por haber anunciado dicha medida.
En la fiesta popular, con globos y la infaltable “portatil’ de funcionarios apristas, se decretó esta condonación en el marco de una coyuntura nada propicia para el Tesoro Público pues la Sunat acaba de anunciar que la recaudación cayó 10% en los dos primeros meses de 2009, con relación al mismo período del año pasado.
Sin tomar en cuenta que una medida similar (la condonación) en el Banco Agrario durante su primer gobierno terminó por liquidar a esta entidad, el jefe de Estado justificó su medida al señalar que se trata de “buscar la justicia social, sin conflicto, sin insultos ni destruir la riqueza”.
Agregó que así como el Ejecutivo ha dictado medidas para favorecer la inversión y la producción, como el drawback para los exportadores, también deben darse normas para beneficiar a los más pobres del país.
Según explicó, esta medida permitirá corregir políticas equivocadas de gobiernos anteriores que otorgaron créditos a los damnificados del Fenómeno El Niño, y de los sismos de 1991 (afectó Rioja y Moyobamba), de 1996 (Nasca) y de 2001 (daño en el sur desde Ica hasta Tacna). Sin embargo, la medida alcanza también a unos 12 mil familias en situación de pobreza de diversas partes del país.
El mandatario indicó que fue un abuso que en el pasado se hayan ofrecido créditos a personas que lo habían perdido todo y que no tenían como asumir esas deudas y sus intereses.
“¿Quién puede oponerse a esta medida?, ¿Qué argumento económico puede decir que cancelar la deuda de las víctimas de los terremotos y de la corriente de El Niño es un acto de populismo?”, preguntó.
García anotó que un ejemplo de esta política de justicia social fueron los 34 mil bonos de S/.6 mil cada uno que fueron entregados a los damnificados del terremoto del 15 de agosto del año 2007. “Esa fue una ayuda directa al que había perdido todo… El Estado no puede ser un usurero”, dijo. Cabe anotar, sin embargo, que esta ayuda directa no tuvo el éxito deseado por el uso irregular de los bonos.
TITULACIÓN.
De otro lado, el mandatario defendió la ley de la titulación señalando que no se puede llamar traficante a aquel que sale adelante en medio del arenal y sin agua. Ayer, el Ejecutivo también promulgó el reglamento de la referida ley.
Sobre el tema, el programa Cuarto poder reveló que la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, ofreció títulos de propiedad a unos invasores en Pichanaki (Junín), no solo dos meses antes de que se promulgara la ley de expropiación de terrenos invadidos, sino sabiendo que dicha área sí tiene propietario legítimo.
En una ceremonia pública, realizada en diciembre de 2008 en el poblado informal de Sangari, levantado sobre un terreno privado, Vílchez dijo que ese caso ahora estaba “en la cancha de Vivienda” y que había un compromiso del presidente García para entregar los títulos a los invasores de esas 540 hectáreas.
No obstante, Rolando Salvatierra mostró los documentos que certifican que es el legítimo dueño de esa zona. Al preguntársele por esto a Vílchez, la ministra alegó que el terreno había sido entregado a esa familia con fines agrícolas, “pero como ahora es habitado, el Estado debe recuperarlo”.
Sobre el tema, el programa Cuarto poder reveló que la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, ofreció títulos de propiedad a unos invasores en Pichanaki (Junín), no solo dos meses antes de que se promulgara la ley de expropiación de terrenos invadidos, sino sabiendo que dicha área sí tiene propietario legítimo.
En una ceremonia pública, realizada en diciembre de 2008 en el poblado informal de Sangari, levantado sobre un terreno privado, Vílchez dijo que ese caso ahora estaba “en la cancha de Vivienda” y que había un compromiso del presidente García para entregar los títulos a los invasores de esas 540 hectáreas.
No obstante, Rolando Salvatierra mostró los documentos que certifican que es el legítimo dueño de esa zona. Al preguntársele por esto a Vílchez, la ministra alegó que el terreno había sido entregado a esa familia con fines agrícolas, “pero como ahora es habitado, el Estado debe recuperarlo”.
fuente:peru21.com.pe
referencia: perutv.com.pe
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